Nuestra línea editorial en torno a los avalúos realizados en la ciudad de Panamá....
Por: Carlos Urbina
Rara vez los impuestos acaparan los medios de comunicación. Con el alza del ITBMS de 5% a 7% poco llegó a decirse. Con las raras moratorias que ha dado este gobierno poco o nada se ha hablado. Con el CAIR que implementó el gobierno anterior hubo una efervercencia inicial que con el tiempo pasó. Por lo tanto, ver un debate con el tema de los avalúos no puede causar más que alegría a quienes nos dedicamos a la tributación.
Varios lectores nos han preguntado qué posición tenemos sobre el tema, nos han comentado casos ilógicos y nos han retratado, de cuerpo entero, los peligros de vivir en un país que dice ser democrático, pero donde el tráfico de influencias y el tortugismo hacen improcedente activar la esfera judicial.
Entendemos perfectamente bien estas frustraciones y reconocemos que el proceso actual de avalúos ha tenido fallas que debieron evitarse. Reconocemos también que el gobierno actual ha dado sobrados motivos para desconfiar de su actuar en materia impositiva. Sin embargo, no menos cierto es que los valores catastrales deben actualizarse con frecuencia y que este proyecto ha sido el más completo que ha vivido el país en décadas.
No podemos pensar que un valor catastral debe permanecer estático a través de los años. Tampoco podemos ignorar que el valor catastral debe, en alguna medida, reflejar los valores de mercado.
Terminamos diciendo que la línea editorial de este periódico está, en principio, a favor de los avalúos realizados en esta ciudad, pero en contra del excesivo tiempo que toma la Corte Suprema en decidir si estos están en firme y en la indicesión que el TAT ha mostrado en expresar su competencia en este tema. Luego de haber dicho esto, no podemos dejar de indicar que creemos que el gobierno actual debe dar señales de respeto al contribuyente, que incluyan, avalúos hechos bajo parámetros lógicos, sin que esto represente dejar de hacer avalúos en forma constante.
Por último, nos manifestamos en contra de tener a los impuestos de inmueble financiando la hacienda nacional cuando deben pasar, como en el resto de los países de América, a la hacienda municipal.